ABORTO LIBRE, GRATUITO Y SEGURO TAMBIÉN EN AMÉRICA LATINA

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Siete países en el mundo prohíben abortar en todo su territorio: Ciudad del Vaticano, Malta, Saint Martin, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Chile. Se calcula que en América Latina se practican más de 4 millones de abortos inseguros al año, causando 1 de cada 3 muertes maternas en la región y generando ochocientas mil hospitalizaciones al año. [1]

Por Almudena Barragán.

Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial por la Despenalización del Aborto, haciendo una incidencia especial en América Latina y el Caribe.

Este día sirve para hacer hincapié en el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres, los cuales implican un estado de bienestar físico, mental y social, de la misma manera que entrañan la capacidad de disfrutar de una vida sexual plena y el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos que se tengan.

La lucha que mujeres, hombres, organizaciones feministas y organismos internacionales están realizando a favor del aborto está siendo ardua y difícil; obstaculizada por legislaciones que se tornan en contra de los derechos de las mujeres y se declaran “protectores de la vida desde la concepción”.

En México, por ejemplo, 679 mujeres fueron denunciadas por abortar entre 2009 y 2011, lo que significó un incremento del 163.8% en las denuncias respecto a años anteriores [2]. Estas acusaciones fueron realizadas en su mayoría por el personal hospitalario (enfermeras, médicos y trabajadoras/es sociales). Muchas de estas mujeres declaran que fueron presionadas por el personal médico y la policía a declarar que habían tomado pastillas abortivas como condición para recibir asistencia sanitaria. Este es el caso de Hilda, una mujer de 22 años, procedente de San Luis Potosí, que fue acusada de delito de aborto y condenada a un año de cárcel a pesar de que no había evidencias que acreditaran que había puesto fin a su embarazo. Hace un mes Hilda quedó en libertad por falta de pruebas.

También son numerosos los casos de mujeres víctimas de violación a las que los servicios de salud pública y las autoridades no informaron de la opción del aborto terapéutico; o las mujeres que no denuncian que han sido violadas y que al sufrir un aborto espontáneo son acusadas ante las autoridades. Este es el caso de Ángela, una indígena otomí de 29 años que tras haber sido violada varias veces por su ex pareja, un día tuvo una fuerte hemorragia mientras trabajaba, acudió al hospital público local y allí fue denunciada y detenida por la policía, estando en el Ministerio Público 48 horas. Actualmente, la investigación continúa abierta.

Muchas de estas mujeres viven en comunidades indígenas, sin apenas recursos y carecen de educación e información sexual y reproductiva por parte de las instituciones, por lo que la mayoría se ven obligadas a someterse a abortos en condiciones realmente insalubres y riesgosas, ya que desde las instituciones públicas de salud se les infunde miedo y desconfianza.

La legislación mexicana en materia de aborto es muy heterogénea y depende de cada uno de los estados de la República, encontrando entidades federativas que permiten el aborto libre y gratuito hasta las 12 primeras semanas de embarazo, como ocurre en el Distrito Federal; o por el contrario, donde sólo es legal en casos de imprudencia o violación sexual en los estados de Guanajuato y Querétaro.

Ilustración: El Roto
Ilustración: El Roto

Como respuesta a la despenalización del aborto que se realizó en 2007 en DF, se reformaron también las constituciones de los estados más conservadores  del país para “proteger la vida desde la concepción”. Desde la Asociación GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), afirman que estas reformas de ley estuvieron lejos de proteger la vida prenatal y cerca más bien de “limitar los derechos reproductivos de las mujeres”. De 2007 a 2012 existían 127 personas condenadas por el delito de aborto. [3]

Estas reformas a favor y en contra del aborto han generado un clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de servicios de salud, de justicia y las propias mujeres sobre su legalidad o no, y en muchos casos ha provocado un clima de persecución, incluso en situaciones donde el aborto no fue inducido.

Junto a la violencia obstétrica y el acoso hospitalario, muchas mujeres se enfrentan a un linchamiento en los medios de comunicación y en sus estados: “Me tacharon de ser una mala madre. Las críticas hacia mí, me causaron depresión porque no sabía cómo defenderme”, dijo Hilda tras conocer su absolución. [4]

Desde GIRE recalcan la importancia de la existencia de políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos y recalcan el ejemplo del DF como modelo para frenar las muertes de mujeres: “En el caso del Distrito Federal (…) la despenalización se llevó a cabo en abril de 2007. De esta fecha al 31 de agosto de 2013, 106.701 mujeres han accedido a servicios de aborto legal,  seguro y gratuito en hospitales del Gobierno del DF, de las cuales solo un 2.09% se han realizado más de una interrupción”.

 Mientras que los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo letra muerta en muchos países que criminalizan el derecho a decidir de las mujeres, las organizaciones y la sociedad civil siguen moviéndose y articulándose para promover un aborto libre, seguro y gratuito también en América Latina y el Caribe.

Publicado en Hemisferio Zero

_______________________

[1] Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, 6th ed., Ginebra, OMS, 2011. Disponible en <http://bit.ly/kdGgDa&gt; [consulta: 26 de septiembre de 2013].

[2] Omisión e Indiferencia: derechos reproductivos en México. GIRE (2013)

[3] Op. cit.

[4] Testimonio proporcionado por GIRE.

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